Pirámides: víctimas y culpables.
Leonardo Gutiérrez Berdejo*
Durante los últimos días Colombia
se ha visto sacudida por el pánico creado por el desplome de más de un centenar de empresas captadoras
de dinero llamadas con el sugestivo y llamativo nombre de “pirámides”. Centenares
de miles de víctimas de las mismas han entrado en una especie de paranoia
colectiva al saber que las oficinas en donde habían depositado cantidades de
dinero cerraron sus puertas y, sus administradores simplemente desaparecieron, llevándose
consigo multimillonarias sumas. Hasta la fecha, no se sabe, cuantas de estas llamadas pirámides han caído pero, lo grave es,
que mucho menos se sabe, cuántas fueron las víctimas de estas empresas que
operaron a plena luz del día. Se dice que
pasan de quinientos mil los afectados. Algunas fuentes, sin embargo, hablan
ya de más de dos millones de personas que fueron asaltadas, estafadas o robadas
por estas organizaciones dedicadas a la captación
de dinero del público al que prometían elevados intereses, bajo la consigna de dinero
fácil, rápido y efectivo al cabo de unos cuantas horas ó días o meses. Sobre el monto de las
sumas desaparecidas tampoco se tiene idea alguna.
Nadie, hasta el momento, se
atreve a dar una cifra de lo que hasta ahora parece ser una estafa, un hurto o un
robo, por temor a ser desmentido al momento. Lo que todo el mundo sabe es que
muchos supuestos ahorradores, con la esperanza puesta en ganarse unos pesos de
más, sin mucho esfuerzo, vendieron e hipotecaron sus casas, feriaron pequeñas
fincas ó, remataron ganados, carros,
motos, y hasta los enseres de sus propias casas para “invertir” en estas
oficinas, montadas en lugares céntricos de mucho movimiento comercial. Muchas pensiones,
ganadas con miles de esfuerzo y sacrificios en igual número de demandas al
Estado, no pocas cesantías recibidas, ahorros
de toda la vida y hasta créditos recibidos de las entidades financieras, fueron
a parar a las arcas de unos personajes que hasta la fecha nadie conoce o ha
visto. Llegaron y operaron de la misma manera como esfumaron, esto es, sin
dejar huella alguna que los identifique. Muy extraño parece ser esto pero, en declaración,
casi inaudible proveniente del Ministro de Hacienda, éste deja ver que lo peor
no ha sido lo sucedido sino que no hay legislación alguna en el país con que
pueda castigarse a estos delincuentes. Si
a esto se agrega que el Estado, no ha ningún esfuerzo para identificar y castigar
a los responsables y, según lo poco que ha dejado escuchar, no va a reparar a
las víctimas, el asunto adquirirá dentro de poco unas dimensiones que nadie
puede calcular. O, a lo mejor, todo el mundo olvidará lo sucedido, como suele
suceder en este país.
El drama ha sido de tal
naturaleza que el pánico creado entre la población y la alteración del orden
público se ha ido extendiendo con inusitada
velocidad desde los Departamentos de Putumayo y Nariño, en la frontera
con Ecuador, hasta el Departamento de
Santander, al nororiente del país, en la frontera con Venezuela, pasando por Cauca,
Valle del Cauca, Quindío, Huila, Risaralda, Antioquia, Cundinamarca. El temor
de que aparezcan otras personas afectadas en otras partes del país por esta ola
de hechos irregulares que ha sacudido la tranquilidad ciudadana y ha vuelto
trizas los sueños y ambiciones de cientos de miles de ahorradores, revolotea en
la mente de todos pero no parece inquietar a los verdaderos responsables de
ejercer el control sobre estas tipo de actividades.
No obstante, a pesar de la violencia manifiesta en las calles de los municipios más
afectados, de las innumerables destrucciones y hasta incendios de oficinas y
casas en donde funcionaban estas empresas y de las incontables retenciones y
amenazas a varios funcionarios y
administradores de las mismas, hasta el día hoy, 13 de noviembre, sólo se tiene
conocimiento de un muerto. Como una cruel paradoja de este vergonzoso descalabro
financiero, ya anunciado y esperado por muchos, el muerto no era persona alguna
vinculada al grupo de delincuentes autores de los hechos: era el personero del
municipio de Buesaco, en el Departamento de Nariño, quien, por las funciones
desempeñadas en su cargo, intentaba servir de intermediario entre las partes.
Esto, al menos, se escucha decir a algunos funcionarios de ese departamento.
Aunque el silencio parece ser la
consigna entre los agentes del gobierno del orden nacional, de modo esporádico,
se escuchan vacuas e inútiles recriminaciones entre los altos funcionarios del
mismo. Los que si se pronuncian con desbordada vehemencia son las miles y miles
personas afectadas, quienes a gritos afirman que en algunos lugares las
autoridades policivas han protegido más a los victimarios que a las propias víctimas,
luego de haber recibido las sumas que ellos mismos habían depositado. En muchas
otras partes, las protestas han sido reprimidas por las autoridades con tal
violencia que han resultado muchos heridos en la refriega.
La ley seca desde tempranas
horas, el toque de queda, la militarización de pueblos y ciudades y el uso de gases
lacrimógenos esparcidos por la policía, han sido los mecanismos que con más frecuencia se han utilizado para
calmar o sofocar las continuas protestas en algunas regiones, especialmente en el
Departamento del Cauca, región ésta en donde hace apenas unos pocos días se
llevó a cabo una Minga indígena nacional y social con el Presidente de la República,
pero que, antes los nulos resultados obtenidos en la misma, partió una marcha
hasta la capital del país en la vía de obtener unas reivindicaciones. Esta
marcha indígena va, aún, camino hacia la capital del país.
Cuándo? El conocimiento que se
tenía de estas “pirámides” no es nuevo en el país. Bajo distintas modalidades,
desde hace varios años, todo el mundo sabía aquí en el país que venían
funcionando en muchos lugares, sin que autoridad alguna se tomara el trabajara
de indagar sobre su funcionamiento y operatividad. En la Costa Atlántica, por
ejemplo, un tipo paralelo a estas pirámides funciona casi desde el momento en que las “pirámides” pero, a la
inversa. Estas son oficinas que realizan préstamos a altas tasas
de interés y que operan bajo el persuasivo y, no menos, amenazante nombre de
“paga diario”. Pareciera que lo que captan a título de inversión en una parte,
lo prestan a elevados intereses en otra. Pero ésta no parece ser la única forma o modus
operandi con que actúan. Por los avisos de prensa, radio y televisión, se
conocen muchas otras modalidades que,
con gran despliegue y maña, invitan a las personas a depositar sus dineros a
cambio de jugosas y rápidas ganancias. Otros anuncios, por el contrario,
invitan a recibir préstamos para compra de casas, carros, electrodomésticos,
motos ó invitan a ser socios de estrafalarias y faraónicas obras. El
despliegue, pues de de estas organizaciones, es amplio y cotidiano y parecen
ajustarse y caer como anillo al dedo, de un modo u otro, al obsesivo y
delirante deseo del gobierno central de mostrar, también, en este campo, resultados
positivos en la inversión privada del país, sin calcular ni medir consecuencias
pero, tampoco, como se observa, sin control de ninguna naturaleza.
No hay duda de que el gobierno
disponía de los mecanismos legales y operativos para vigilar, controlar o supervisar a estas organizaciones, pero no lo
hizo. Desde hace mucho tiempo se ha podido hacer algo, por ejemplo, desde
cuando un funcionario, al parecer, vinculado al cuerpo de guardaespaldas de la
Vicepresidente de la República, estuvo inmerso en este tipo de actividades, se
ha podido avanzar en las indagaciones, pero no lo hicieron las autoridades competentes.
Hoy, de manera irresponsable,
altos funcionarios del gobierno han salido
a señalar a las víctimas de ambiciosas, codiciosas, avaras, ingenuas, insaciables,
crédulas, pretenciosas y hasta de “dar papaya” pero, hasta ahora, no se ha
escuchado un solo calificativo para los aviesos, embaucadores o defraudadores
de las víctimas. Todo parece ser que en este país la mayoría estuviésemos
condenados a padecer del síndrome de la víctima, mientras que, solo unos pocos
afortunados, gozan del privilegio de la inmune-culpabilidad, es decir, libres
de toda culpa e inmunidad garantizada desde la cuna para todo. Aun, se
recuerda, el cuatro mil con el que se logró salvar a unos cuantos dueños del
sistema financiero nacional. Todo el país salvando de la bancarrota a unos
pocos.
Contrariamente, no son pocas las
víctimas en el país que todavía están esperando algún tipo de reparación por lo
sucedido ó, al menos, que se persiga, identifique y castigue a los causantes o
responsables de algún tipo de tragedia económica, política, ecológica, social y
hasta humana. Es innegable que Colombia es tierra fértil para las víctimas: se
multiplican a diario, pero, no ha habido mecanismo alguno que sea capaz de
romper el cerco de impunidad e inmunidad creada para los otros. Muy, pero muy
cercanamente, parecen escucharse los
cánticos lastimeros y angustiosos,
sedientos de reparación o de justicia, de millones y millones de víctimas de
múltiples tragedias nacionales de todo orden.
Allí están, se oyen con claridad,
los lamentos de las víctimas de la interminable guerra;
los de la violencia partidista, la del abuso y extralimitación del poder; los
de las tragedias mineras; los de las tragedias de las inundaciones y derrumbes;
los de del secuestro; los de las desapariciones forzadas; los de las crisis bancarias
y financieras; los de la recesión económica; los de las EPS y del sistema de
salud; los del desempleo y la miseria; los de los desplazamientos forzados, la desnutrición y des habitación;
los de la intolerancia étnica; los de los atracadores y raponeros; los de la tramitología y el burocratismo
estatal; los del Palacio de Justicia; los de la UP y los de todos aquellos que
han sufrido algún tipo de intolerancia política, por no citar sino unos
cuantos. Ojalá, que algún día, se identifique
a un culpable por cada víctima nacional. Por lo pronto, hemos de amarrarnos una cinta negra en la muñeca para
no olvidar esta otra tragedia nacional
*Economista, investigador, docente.
Miembro del Taller de Escritores
Gabriel García Márquez.
Bogotá, Noviembre 12 de 2008.
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