De Tolemaida, a los Nule, a Tame, al DAS y a AIS

Opinión

De Tolemaida, a los Nule, a Tame, al DAS y a AIS.

Leonardo Gutiérrez Berdejo.

Por sobradas y justificadas razones, se recuerdan muchos aspectos de la época en que los Doctores Rodrigo Lara Bonilla y Enrique Low Murtra, ejercieron el Ministerio  de Justicia. Para entonces, la situación delicada de orden público que vivía el país frente al narcotráfico, permitió que los colombianos tuviéramos la oportunidad de acercarnos, así fuera un poco, al sistema penitenciario y carcelario existente y conocer de cerca algunas particularidades del mismo.  Eran discusiones francas y abiertas al país. No había lugar para dudar de la transparencia de estos hombres.

Aunque muchos mitos se tejían entre la población alrededor de lo que internamente sucedía al interior de las cárceles y del sistema penitenciario todo y muy pocas realidades se conocían con algún grado de certeza, esto no bastó, como tampoco la arremetida de los delincuentes, ni la presión oscura de fuerzas poderosas para impedir que la transparencia y la entereza de carácter de los citados ministros, se impusiera. Con esta virtud por delante, el país pudo palpar la preocupación que asistía a esos funcionarios para que el orden y el cumplimiento de las penas se realizaran dentro del mayor rigor por lo dispuesto por la legislación penal colombiana, pero también en el marco del respeto de los derechos Humanos y de los tratados internacionales en la materia. Eso fue algo digno de admirar, aunque el precio pagado por los ministros Lara Bonilla y Low Murtra fue elevado.  Colombia, creo yo, no lo olvidará nunca.

En más de una ocasión, se permitió conocer la discusión acerca de dónde debían pagar las penas los delincuentes de cuello blanco, los funcionarios públicos de alto rango y los miembros de la fuerza pública. No había duda: dentro del respeto merecido por quienes delinquían, las penas, según el grado de gravedad, se cumplían en los centros carcelarios. De que había excepciones y coladeras, no había dudas, siempre las ha habido, pero el país estaba convencido de la fortaleza del carácter de estos servidores. 

Los tiempos cambiaron y el modelo neoliberal, con todas sus secuelas en todos los órdenes, se impuso y la influencia de Estados Unidos en la justicia y en el sistema penitenciario y carcelario se hizo sentir, sin que al presidente Barco ni Gaviria, entre otros, les preocupara un bledo de que uno de los fundamentos más preciados de toda organización política y territorial, como lo es en efecto la soberanía y la autonomía nacional, se menoscabara. Se aceptó el argumentó, en ese entonces, que era mejor reemplazar a los civiles por miembros de la fuerza pública ya que ellos podrían manejar con la debida fuerza y seguridad el sistema penitenciario. Con ello, el fuero militar y policivo, se fortaleció aún más, pero la corrupción, como se vería después, tampoco cedió.

El término fuero, como se recordará, en una  primera acepción,  el  de mayor uso en la jurisprudencia moderna  se refiere al derecho que tienen ciertas clases de personas de ser juzgadas por tribunales especiales, y a la competencia que tienen éstos para entender y resolver determinados asuntos, excluyendo, así, a los tribunales ordinarios de tales casos.

En Colombia, desde pasados tiempos, se  habla, por ejemplo, del fuero eclesiástico, del fuero militar, del fuero de los cónsules, en lo que tienen estos funcionarios en lo relativo a la jurisdicción sobre asuntos civiles, mercantiles y administrativos de los representantes de un estado en el territorio de otro. También se habla del fuero parlamentario, es decir del que gozan los congresistas para decir lo que les venga en gana. Todos estos fueros gozan de un grado de respetabilidad suprema en los diferentes organismos del estado. En una escala ínfima, también está el fuero sindical, sin embargo, este fuero ha sido el menos respetado y del que menor uso o gala se hace desde cuando las controversias entre patronos y sindicatos se resolvieron por la vía de la eliminación efectiva de los sindicatos o de los sindicalistas, como el país y el mundo pudo observarlo. El resto de los fueros gozan de toda suerte de protección y defensa, así como de cierto prestigio.  

Aplicado al ámbito militar, el fuero se define entonces como el derecho de todo militar a ser juzgado por la jurisdicción castrense en las infracciones características de su estado, y el deber de la justicia militar de someter a su juicio a cuantos militares y civiles incurran en los delitos o faltas típicamente militares. 

De acuerdo a lo sostenido por la ex magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Amelia Mantilla Villegas, la figura del fuero militar ha sido tan antigua y fundamental para la construcción de los modelos democráticos del estado de derecho, como controvertida y dudosa, tanto por sus usos como por sus abusos.

En Colombia el Constituyente de 1991, afirma la citada ex magistrada, delimitó el fuero militar en el artículo 221, bajo el entendido que de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, solamente conocen las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales, continúa la doctora Mantilla Villegas, deben integrarse por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. Dentro del concepto de Fuerza Pública y por ende, de aplicación del fuero militar, se cobijan a los miembros de la Policía Nacional, siempre que los delitos sean cometidos en servicio activo, y en relación con dicho servicio.

Sin embargo, sostiene la ex magistrada,  en la parte final de su concepto, el hecho de que exista un marco jurídico especial para investigar y juzgar a los militares, no constituye privilegio alguno para desarticular la armonía que debe tener dicho régimen con el resto del ordenamiento jurídico y en particular, con la Carta, de forma que al “juez de constitucionalidad le corresponderá establecer la conformidad entre la regulación que desarrolla la jurisdicción penal aplicable a los miembros de la fuerza pública y la Carta Política”.

 Es aquí, en esta última situación planteada por la doctora Mantilla, en donde radica lo aberrante  y odioso del caso de Tolemaida. El caso de Tolemaida, tildado por algún medio como “Tolemaida Ressort “ en clara alusión al confort  del que gozan quienes pueden viajar a estos costosos centros vacacionales, es una ofensa al país en cuanto significa una desmedida carta de privilegios adquirida en pago, quizá, por ofrecer protección y seguridad a una minoría también de privilegiados colombianos. El país mira con estupor y rabia este exceso de privilegios y de garantías del que goza este cuerpo de cuatrocientos mil compatriotas que componen las fuerzas armadas, por proteger a una minoría que no asciende, quizás, a más de tres mil afortunados ricos.   

No es suficiente con que se le diga al país que rodaron cabezas o que están arrepentidos o que se reconoce el error cometido. Es que esto que ha estado sucediendo al interior de las cárceles manejadas por las fuerzas militares, no sólo ofende la dignidad y el respeto  que merecemos los colombianos, afecta también el presupuesto nacional, pero sobretodo la credibilidad y el criterio de quienes son los responsables del manejo del Ministerio de Defensa. De antemano se conocía el escaso criterio y el casi nulo talento personal del señor Ministro de Defensa para estar al frente de un complicado ministerio, pero esta escasez de atributos personales no lo autorizaba a él para permitir tales desafueros. 

No hay en este momento en el país argumento alguno que sea válido para negar las pretensiones que puedan elevar con justicia todos los procesados y condenados.  ¿Cómo se le explica a los colombianos que el régimen o fuero especial del que gozan  los militares, los eclesiásticos, parlamentarios y altos funcionarios públicos no debe constituir privilegio alguno para desarticular la armonía que debe tener dicho régimen con el resto del ordenamiento jurídico y en particular, con la Carta, tal como lo señala con mucha propiedad la ex magistrada  Mantilla Villegas?.  Aunque el país decente muera de rabia, esto es precisamente lo que se está viendo y es lo que se le está mostrando al mundo: privilegios y garantías en todos los órdenes (tal como se ve en los regímenes existentes en materia de salud, educación, empleos, por no citar sino sólo éstos), para unos cuantos grupos sociales, en tanto casi cuarenta millones de colombianos viven en la desprotección y de la indiferencia del gobierno central, cuando no, víctimas de la propia corrupción.  

Esta es la cadena de favorecimientos y privilegios que precisamente articula el confort ofrecido en la cárcel de  Tolemaida, los innumerables contratos de los que gozaron los Nule, el desmedido poder del que dispuso el DAS y la oportunidad que tuvo la ex directora de este Departamento para escapar de la justicia. Une también, como se ha visto, la capacidad habilidosa de los funcionarios del Ministerio de Agricultura para favorecer a través de Agro Inseguro seguro a unos cuantos ricos y, lo que une también, como una cruel y despiadada paradoja, la desprotección que rodeó a una juez,  en Tame, que llevaba delicados casos. Todo esto apunta y articula también, curiosamente, a una administración del Estado que, en su momento, permitió o no pudo impedir, en aras de una seguridad que nunca se vio, todo tipo de desafueros y de corruptelas y apunta, desgraciadamente  también, al actual gobierno por no haber dado señal alguna para desmarcarse de la administración pasada.

Por lo que vemos, esta cadena de privilegios y de excesos para ciertos y determinados grupos sociales, con aroma de impunidad, continuará, toda vez que a la propuesta del Senador Camilo Romero, presentada el pasado 12 de abril, en la Comisión Segunda del Senado al ministro del Interior, para iniciar la discusión del proyecto de reforma al código penitenciario y carcelario, radicado en la tarde del lunes 11 de abril en la Cámara de Representantes, y se ocupara también de las cárceles militares, no tuvo acogida. El ministro Vargas Lleras, cedió ante la presión militar y le garantizó al Ejército Nacional que ese proyecto no tocará “ni una sola coma” el marco legal que cobija los centros de reclusión militar. Es decir, se respetará el fuero. En ese sentido, le queda claro al país, entonces, que el centro de reclusión militar de Tolemaida seguirá funcionando y, sin duda alguna, también la cadena de privilegios, sin importar cual haya sido el delito cometido por los uniformados.