Universidad
Central
Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y
Contables
Departamento de Economía
Viabilidad de la introducción de una pensión básica
universal en el Sistema de pensiones de
Colombia
La protección social y los derechos humanos. El caso
de las pensiones
Leonardo Gutiérrez Berdejo
Coinvestigador
(Primer Borrador)
Abril 5 de 2013- Mayo 10 de 2013.
Bogotá, Mayo de
2013
Tabla de contenido provisional.
1.
Introducción
2.
Objetivo
general.
3.
Objetivos
específicos.
4.
Marco
conceptual.
5.
La
política de la seguridad y de la protección social y los derechos humanos. Estado y equidad.
a.
Los
derechos humanos.
b.
La
política de la seguridad y de la protección social. Estado y Equidad
6.
El
marco internacional de los Derechos Humanos
6.1
El
Sistema de las Naciones Unidas.
6.1.1
La Carta de las Naciones Unidas (1945)
6.1.2
La
Declaración universal de los derechos humanos
6.1.3
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1966)
6.1.4
Pacto
Internacional de derechos económicos, sociales y culturales-ICCPR- (1966)
6.2
Las
conferencias internacionales
6.2.1
La
conferencia de los derechos Humanos de Teherán y la declaración de Viena
6.2.2
Asamblea
Mundial sobre envejecimiento de Madrid. (2002)
6.2.3
Cumbre del Milenio.
6.2.4
Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad.
6.3. El Sistema Interamericano de los derechos
humanos.
7.
El derecho al
desarrollo, los derechos humanos y las políticas sociales
a. Las políticas públicas y sociales
b. Derechos Humanos y Protección Social
8. Derechos
sociales y envejecimiento.
9.
El
asunto de las pensiones.
10. El asunto
pensional y de las reformas en América Latina y en Colombia
11.
Las
reformas pensiónales en América latina. (Ver: Carmelo Mesa-lago)
12.
Política de envejecimiento y vejez en Colombia2007-2019
13.
El
sistema Pensional en Colombia
.
Viabilidad de la introducción de una pensión básica
universal en el Sistema de pensiones de
Colombia
1. Introducción
En
el marco general del respeto a los derechos humanos, la seguridad y la
protección social son un asunto de vital
importancia que figura entre las prioridades máximas de muchos paises. A la luz
del desarrollo económico y social de los paises, resulta difícil ocultar el
hecho de que millones de trabajadores en
el mundo carecen o no gozan de protección social alguna.
Desde
mediados del siglo XX y en lo que va corrido del Siglo XXI, la seguridad social
ha pasado a ser uno de los derechos fundamentales del hombre a tal punto que
figura en el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales
y ha sido tema central en una serie de pactos y conferencias internacionales en
virtud de que millones de personas en el mundo no tienen acceso a un mínimo de
protección social. En contrapartida, en los paises en que se han posibilitado
mecanismos e instrumentos de protección social, el progreso y el bienestar
social se ha evidenciado.
El
envejecimiento de la población plantea nuevas realidades y desafíos en materia
social para las sociedades y para los Estados, que son en últimas, los garantes
de esta protección. De hecho, es uno de
los retos principales no solo de los paises subdesarrollados sino también de
los paises desarrollados, cuya población presenta niveles y ritmos más altos de
envejecimiento.
2. Objetivo
General.
Determinar
la conveniencia y viabilidad de la introducción de una pensión básica universal
en el sistema de pensiones colombiano.
Analizar
la necesidad de fortalecer los derechos de ciudadanía, los principios de
solidaridad y universalidad y de garantizar las funciones que le son asignadas
a los sistemas de protección social.
3. Objetivos
específicos.
3.1 Adelantar un análisis de los
derechos humanos y de la política social
3.2 Realizar una revisión del marco
internacional de los derechos económicos, sociales y culturales y de los
diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos y de la política
social.
3.3 Adelantar un análisis sobre el
papel del estado en los derechos sociales en América Latina
3.4 Análisis de las políticas sobre el envejecimiento.
4. Marco
conceptual
La ‘seguridad social’ es considerada por muchos
autores como un concepto más restringido que el de ‘protección social’. No
obstante es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y posteriormente, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (ACNUDH), 1966), el cual especifica que este derecho incluye el del
seguro social. La protección social, por
su parte, se define como “las políticas y acciones públicas destinadas a dar
respuesta a distintos niveles de vulnerabilidad, riesgos y privaciones,
vinculados al desempleo, la enfermedad, la maternidad, la crianza de los hijos,
la viudez, las discapacidades, el envejecimiento, entre otros”. (Definición
brindada por Carmen Artigas (2005), sobre la base de diversas fuentes, entre
ellas (1) Beyond safety nets: The challenge of social protection in a
globalizing world International Meeting, Berlin, 9-12 de octubre de 2000); Andy
Norton, Tim Conway and Mick Foster, Workin Paper 143, Centre for Aid and Public
Expediture, Overseas Development Institute, Londres, febrero de 2001). La protección social, aunque se
reconoce que el concepto ha ido evolucionando y que existen diferentes formas
de abordarlo, a partir del enfoque que se centra en la reducción del riesgo y
las vulnerabilidades, incluye “todas las intervenciones públicas, privadas y de
organizaciones de voluntariado y de
redes informales para apoyar a las comunidades, hogares e individuos en sus
esfuerzos para prevenir, manejar y superar riesgos y vulnerabilidades”.
La misma autora señala que diversas corrientes se
inclinan por el parecer de que el concepto de ‘seguridad social’ está
relacionado con aquellos derechos vinculados al empleo o los lazos familiares;
en tanto que el de ‘protección social’ contempla un espectro más amplio de
vulnerabilidad, en el se encuentra incluido también los programas de asistencia
social. Este concepto por su parte, involucra políticas públicas orientadas a
la transferencia de recursos que carecen de él, en tanto que la seguridad social
es financiada por contribuciones y sustentada en criterios de seguros, por
medio de los cuales los individuos y las familias se protegen, mediante la
combinación de esfuerzos con otros grupos más amplios que se encuentran
expuestos al mismo riesgo. (Carmen
Artigas, Una mirada a la protección social desde los derechos humanos y otros
contextos internacionales, CEPAL, Santiago de Chile, 2005)
5. La
política de la seguridad y de la protección social y los derechos humanos. Estado y equidad.
a. Los
derechos humanos
Al
término de la segunda guerra mundial, en 1948, fue proclamada la Declaración
Universal de los derechos Humanos. En general, históricamente, los derechos se
clasifican en 3 generaciones:
Los
derechos de primera generación, que incluye los derechos civiles y políticos y
corresponden al individuo frente al Estado o frente a cualquier autoridad.
Los
derechos de segunda clasificación, por su parte, son los derechos económicos,
sociales y culturales, y son aquel conjunto de derechos - prestación- que consisten en especificar aquellas
pretensiones de las personas y de los pueblo.
Los
derechos de tercera generación, son de los pueblos, y tienen el compromiso de
promover el progreso social y elevar el nivel de vida.
Los
antecedentes históricos de los derechos Humanos descansan en la declaración de
derechos del Pueblo de Virginia (Revolución Americana de 1776) y en la
Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de la revolución francesa de
1789. Otros antecedentes descansan en las luchas obreras y en las democracias
modernas que han logrado afianzar y continuar con estas pretensiones a favor de
cimentar de una mejor manera el desarrollo y el bienestar social de los hombres
y de los pueblos del mundo.
Aunque
mucho se ha escrito sobre el origen y la orientación que han tenido el caso de
los derechos humanos, no ha sido fácil explicitar el significado del mismo.
Cierta autora ha señalado que “su utilización pareciera basarse en un consenso
implícito respecto de sus dimensiones, o de los fenómenos a los cuales puede
ser aplicado (Marcela Ferrer, La población y el desarrollo desde un enfoque de
derechos humanos: intersecciones, perspectivas y orientaciones para una agenda
regional. CEPAL, CELADE, Santiago de Chile, nov. 2005, p.11)
En
este sentido el presente análisis se centra, más que todo, en aspectos
conceptuales relacionados con los derechos humanos, en la mira de identificar
un referente útil para estudiar las diferentes intersecciones de población,
desarrollo y derechos humanos.
b. La
política de la seguridad y de la protección social. Estado y Equidad
La
seguridad social, por su parte, se fundamenta en tutelar los derechos que
emanan del ser humano. Está por encima de otras consideraciones, debe erigirse
en el centro del ordenamiento civil y
social, y de todo sistema de desarrollo político y económico.
De
ese reconocimiento básico y esencial a la dignidad humana se derivan todo el
resto de conjunto de derechos individuales y sociales que el Estado tiene que
reconocer, promover, salvaguardar y garantizar, de tal manera que el principio
de solidaridad sea el dispositivo principal que accione los mecanismos de la
consecución del bien común y del bienestar social, sin distingos ni exclusiones
de ninguna naturaleza.
Fue
esto lo que se plasmó en los diferentes instrumentos internacionales de los
Derechos Humanos: la declaración Universal de los derechos Humanos de 1948
(Artículos 22, 23 y 25); el Pacto Internacional de derechos Económicos,
sociales y culturales, de 1966 (Artículos 9 al 12); el pacto Internacional de
Derechos civiles y políticos de 1966 (Artículo 23); y la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979
(Artículo 11 al 14).
Una mirada a los orígenes de la seguridad social nos lleva a la Alemania
de fines del siglo XIX, cuando Guillermo
I, en el período comprendido entre 1883
a 1889, en la administración del
canciller Bismarck, se implementaron un conjunto de leyes que pusieron en
marcha seguros obligatorios contributivos, limitados a la clase trabajadora,
que cubrían enfermedades, accidentes, invalidez y vejez y eran
financiados de manera tripartita por el Estado, patrones y trabajadores.
No obstante, diversas fuentes están de acuerdo en señalar que el siglo
XX se alzó como el período en el cual se evidenciaron los mayores progresos en
el desarrollo de los derechos humanos. Para el año de 1919, en la República de
Weimar, se elevó por primera vez en el mundo a rango constitucional un papel
más activo del Estado en el desarrollo del bienestar de la comunidad y del
progreso social, y se extendieron los beneficios para avanzar un poco más hacia adelante y atender, además de la
seguridad social (salud, capacidad para el trabajo, maternidad, vejez,
enfermedad), la vivienda y la educación (no se incluye el seguro de desempleo),
aunque su naturaleza siguió siendo contributiva.
Por su parte, en Inglaterra, el informe presentado en 1942 por Lord
Beveridge marca un límite en la seguridad social, al darle un carácter integral
y universal. El informe tenía el propósito de extender los beneficios de la seguridad
social a toda la población al proponer entre otros puntos que:
“La seguridad social fuera entendida
como un derecho social solidario que obligara a la sociedad y al Estado a
proporcionar un mínimo de bienestar general, independientemente de las aportaciones
que pudiera realizar cada individuo al financiamiento de los servicios. Desde
esta perspectiva, se proyectó que los costos de la reforma debían ser cubiertos
con los recursos fiscales del Estado y con las contribuciones específicas de
los trabajadores y empresarios al nuevo sistema.” (Gerardo Ordoñez Barba “El Estado de bienestar en las democracias
occidentales: lecciones para analizar el caso mexicano”, región y sociedad,
vol. XIV, no. 24, El Colegio de la Frontera Norte, 2002, p. 109.
Con respecto a la integralidad del
sistema, este Plan proponía “la construcción de un sistema de beneficios
sociales que fuera capaz de proteger a los ciudadanos desde la cuna
hasta la tumba y que atacara los cinco males más protuberantes de las
sociedades modernas: la indigencia, las enfermedades, la ignorancia, la
suciedad y la ociosidad.” (Laura
Bacca Olarmendi, Judith Bosser-Liwerant, Fernando Castañeda, Isidro H. Cisneros
y Germán Pérez Fernández del castillo, Léxico de política, FCE, FLACSO, México,
2000, p.563)
El plan contemplaba un sistema de seguridad social
unitario que manejaría:
a. las pensiones (enfermedades,
maternidad, vejez, viudez y
desempleo que cubría a toda la población),
b. un servicio nacional de salud
(atención médica gratuita con cobertura universal); y
c. un sistema de asistencia nacional
(para complementar los subsidios de la seguridad social cuando fueran
insuficientes para lograr el mínimo de
subsistencia deseado, el otorgamiento de subsidios familiares universales
y la adopción del objetivo del pleno empleo como política de Estado).
Los beneficios se hicieron extensivos a
la educación, vivienda y atención especializada a niños. Todo esto conformaba
lo que comúnmente se conoció como el Welfare State británico.
Debe indicarse que Inglaterra fue el primer país donde se introdujo, en 1911,
el seguro de desempleo obligatorio. El modelo inglés se imitó por el resto de
países de Europa Occidental que fueron incorporando los compromisos de
bienestar en su legislación. Como señala Bacca Olamendi, en su obra ya citada:
“A partir de estas bases,
restricciones y objetivos, las sociedades que optaron por esta ruta de cambio
emprendieron, considerando su propia historia y tradiciones, un programa de
reformas y enmiendas constitucionales con el fin de erigir al Estado en el eje
rector del desarrollo nacional. En todas las constituciones avanzadas
(iniciando con la inglesa) fueron ratificados como derechos sociales básicos de
todo ciudadano el acceso a la educación, la salud, la seguridad social, la
vivienda y al trabajo.” (Ordoñez
Barba, op. cit., pp.115-116)
Laura Bacca Olarmendi, en su obra ya cita, señala que en lo que se
refiere a Estados Unidos, el antecedente de la Seguridad Social más importante
es la Social Security Act de 1935, “en la que se
contemplaba, mediante un sistema mixto de seguros sociales y de asistencia
estatal, la protección de ancianos, ciegos, niños, incapaces y desocupados. (Bacca Olarmendi, op.cit., pp. 637)
La misma autora señala que, por su parte, en América Latina, “también se
desarrollaron políticas sociales en las distintas áreas del bienestar, pero con
una particularidad decisiva: dichos esquemas resultaron incompletos, con
cobertura social insuficiente, fundamentalmente ocupacional, y desarticulados frente
a lo que podría considerarse un verdadero sistema general o universal.”
Como resultado de la crisis económica mundial que se vivió en la década
de los setenta y agudizada, posteriormente en la década de los ochenta en
América Latina, los avances en materia
del Estado de Bienestar se limitaron a tal punto que lo logrado en épocas
anteriores se perdió, principalmente a través de la reducción del presupuesto
destinado a materia social. Con todo, sus llamados y proclamados “mayores
éxitos (por señalarlo de alguna manera) descansan en el abandono del pleno
empleo como política de Estado, en la flexibilización de los mercados laborales
y la consecuente erosión de las prestaciones ligadas al trabajo, en las
reformas fiscales regresivas y en sus ataques (o recortes) sistemáticos a los
programas dirigidos a las poblaciones económicamente más débiles.” (Ordoñez Barba, op.cit., pp. 121)
6.
El marco internacional de los
Derechos Humanos
Diversas fuentes están de acuerdo en señalar que el
siglo XX fue el periodo en el cual se evidenciaron los mayores progresos en el
desarrollo de los Derechos Humanos. En efecto, después de la segunda guerra
mundial, una serie de logros marcaron hechos de especial importancia en esta
materia. Entre estos hechos, merecen destacarse por su importancia:
6.1
El
Sistema de las Naciones Unidas
6.1.1
La Carta de las Naciones Unidas (1945)
Aunque la legislación de la Organización de las
Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos (1945) hunde sus raíces en algunos
acontecimientos importantes que se articulan con la Carta de los derechos del
Hombre y del Ciudadano ( ) y las Cartas incorporadas a la Constitución de los
Estados Unidos recién alcanzaron su independencia, en estricto sentido, no fue
sino a partir de esa fecha que se da inicio a las exigencias legales para el
cumplimiento, defensa, desarrollo y responsabilidades de los Estados miembros a favor de los mismos.
La Carta de las
Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró
en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia es parte integrante de la Carta. En el Numeral 3, del Capítulo I de
la Carta, se establece que entre los propósitos de las Naciones Unidas está el
de “realizar la cooperación internacional en la solución de
problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o
humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y
a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión” (Carta
de las Naciones Unidas, 1945)
Por su parte, el
Artículo 13 del capítulo IV, señala que entre las funciones de la Asamblea General
está la de “promover estudios y hará recomendaciones para los
fines siguientes: a. fomentar la cooperación internacional en el campo político
e impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación;
b. fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico,
social, cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por
motivos de raza, sexo, idioma o religión.
Más adelante en el
literal c del Artículo 55 del Capítulo IX referente a la Cooperación
Internacional Económica y Social, se deja establecido que “Con el propósito de crear las
condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas
y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la
igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la
Organización promoverá:
“el respeto universal a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades”
No obstante, es a partir de las herramientas o instrumentos que la misma
organización ha buscado garantizar la defensa, promoción y respeto de los
derechos humanos.
6.1.2
La Declaración Universal der los
derechos Humanos (1948)
Esta declaración se alza como el fundamento básico de la
legislación del Siglo XX en lo relacionado con los Derechos Humanos. Fue
aprobada en 1948 y se constituye en el referente central del activismo
internacional a favor de los Derechos Humanos.
De acuerdo a lo señalado por la propia organización, en
1946, la ONU estableció la Comisión de
Derechos Humanos, el principal órgano normativo en cuanto a derechos humanos
dentro del sistema de la ONU. Bajo la
presidencia de Eleanor Roosevelt (EEUU), activista en favor de los derechos
humanos y viuda del antiguo presidente de los Estados Unidos, Franklin
Roosevelt, la Comisión se encargó de definir los derechos y las libertades
básicas. En esta tarea resultaron decisivas las aportaciones de René Cassin
(Francia), Charles Malik (Líbano), Peng Chun Chang (China), Hernán Santa Cruz
(Chile), Alexandre Bogomolov/Alexei Pavlov (Unión Soviética), Lord
Dukeston/Geoffrey Wilson (Reino Unido), William Hodgson (Australia) y John
Humphrey (Canadá). (Naciones Unidas. Los Derechos Humanos y Naciones Unidas)
Más adelante señala que, esta Declaración, que expresa de
forma clara los derechos individuales y las libertades de todos, carece de
precedentes. Constituye el pilar de la legislación del siglo XX sobre derechos
humanos y el punto de referencia para el movimiento a favor de los derechos
humanos universales. La Declaración Universal se fundamenta en el principio
básico de que los derechos humanos emanan de la dignidad inherente a cada
persona. Esta dignidad y el derecho a la libertad y la igualdad que de ella se
derivan son innegables.
Aunque la Declaración no tiene el carácter políticamente
obligatorio de un tratado, sí goza de una aceptación universal. Muchos países
citan la Declaración o incluyen disposiciones de ésta en su legislación
fundamental o en sus constituciones. Y numerosos pactos, tratados y
convenciones alcanzados después de 1948 la han tomado como punto de partida.
Los acuerdos legalmente vinculantes más amplios que se han
negociado bajo los auspicios de la ONU son el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Ambos textos se aprobaron en 1966 y entraron en vigor en 1976.
Puesto que sus disposiciones tienen carácter políticamente obligatorio, esto
supone un paso hacia delante para la Declaración. La mayoría de los países son
partes en las dos Convenciones lo que facilita la supervisión internacional de
la práctica de los derechos humanos.
La tabla de Derechos Humanos es bastante amplia y de
acuerdo a la tipología de los derechos se clasifican en Derechos Civiles y
Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Derechos en relación al
Empleo (Derechos Laborales), Derechos de los Pueblos y derechos de las Víctimas
de los derechos humanos.
La Declaración, en lo que tiene que ver con los asuntos de
una vida digna y de la vejez, se expresa
en los artículos 22 y 25 que señalan en su respectivo orden: “ Toda persona,
como miembro de la sociedad, tiene derecho
a la seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de
la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad” (Declaración de los derechos Humanos,
Artículo 22)
Por su parte, el Artículo
25 manifiesta que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25 de
la Declaración de los Derechos Humanos)
En general, los artículos que van del 22 al 27 de esta
Declaración, se entienden como indispensables para la dignidad de la persona
humana y el desarrollo de la personalidad.
En 1986, los gobiernos del mundo proclamaron por primera vez
que el derecho al desarrollo era un derecho humano inalienable. Sobre el
derecho al desarrollo, ha anotado el Secretario General de las Naciones Unidas,
Señor Kofi Annan que “El derecho al desarrollo es la medida del respeto de
todos los derechos humanos. Ése debería ser nuestro objetivo: una situación en
que todas las personas se les permita acrecentar al máximo sus posibilidades, y
contribuir a la evolución de la sociedad en su conjunto” (Sr. Kofi Annan, Secretario General de las naciones Unidas, s.f.)
6.1.3
Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (1966)
Es un tratado de carácter multilateral general y reconoce derechos
civiles y políticos y registra mecanismos para su protección y garantía. Fue
adoptado al mismo tiempo que el Pacto internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y a los dos, en conjunto, se les reconoce con el nombre
de Pactos Internacionales de derechos Humanos o Pacto de Nueva York.
Los derechos amparados por este Pacto internacional, aprobado en 1966
y en vigor diez años después en 1976,
corresponden a los civiles y políticos, también denominados como derechos
negativos o de protección y equidad de los individuos con respecto del Estado y
son objeto de respeto sin ningún tipo de discriminación. Incluye diversos tipos
de derechos civiles y políticos individuales, entre los cuales cabe mencionar,
el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad; la prohibición de la
esclavitud, tortura y trato inhumano cruel o degradante, derecho a un efectivo
proceso y defensa judicial, entre otros.
Los Artículos 2 al 5 de la Parte II de
este Pacto, establece garantía
por parte de de los Estados de no realizar exclusión alguna del presente Pacto
por condiciones sociales, personales y económicas, de los individuos que
integran cada Estado Parte y otros derechos tendientes a su protección y, en
particular, el Artículo 3 establece que los Estados partes se comprometen a
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos
civiles y políticos enunciados en el pacto.
Un
aspecto importante de este Pacto es lo relativo a que cuenta con dos Protocolos
Facultativos, ambos en vigor. El primero de estos Protocolos permite que el
Comité de derechos Humanos reciba y examine las comunicaciones de particulares
que denuncian que un Estado parte ha violado sus derechos humanos (Naciones
Unidas, 1991a.) El segundo de dichos Protocolos deroga la pena de muerte.
6.1.4
El Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales – ICCPR –(1966)
Este importante Pacto que establece los derechos
llamados de segunda generación, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales, fue
aprobado en 1966 por la Asamblea General de la naciones Unidas y entró en vigor
una década después de haber sido creado.
Las resoluciones emanadas de este Pacto constituyen
recomendaciones sin fuerza legal y reconoce el derecho de los pueblos a su
libre determinación y el compromiso de los Estados partes de adoptar medidas
para alcanzar de manera progresiva los derechos considerados. De este modo,
acepta las diferentes condiciones y recursos existentes y para que cada país
asegure tales derechos, admitiendo la soberanía de cada uno para definir las
vías que estime conveniente para lograrlo.
El ICESCR, como se conoce por sus siglas, sentó los
fundamentos para el logro de los derechos positivos, los que implican el deber
del Estado de proveerlos, entre ellos, el derecho al trabajo, a pertenecer a un
sindicato, a la protección de la familia, a la seguridad social, a un nivel de
vida adecuado y al más alto nivel posible de salud física y mental, a la
educación, a participar en la vida cultural, gozar del progreso científico,
entre otros. A diferencia de los derechos positivos, lo que se conoce como
derechos negativos, responden a los postulados de igualdad y equidad, propios
del Estado de Bienestar, que en su momento, al calor de la guerra fría,
defendió la Unión Soviética. Sin
embargo, esta diferencia entre derechos positivos y negativos, ha sido
ampliamente superada (PNUD, 2000, pág.
93)
El Pacto responde al postulado global de la
legislación internacional sobre derechos humanos, que plantea la universalidad,
indivisibilidad e interdependencia de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales y reconoce
explícitamente en el preámbulo que
“no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la
miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de
sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles
y políticos”.
Así mismo estas características de la
universalidad, la indivisibilidad e interdependencia, ha sido reconocida en
diversos documentos e instancias internacionales, entre por la Declaración de
Teherán (1968), la Resolución 32/130 de la Asamblea General de las naciones
Unidas (diciembre, 1977) y la Conferencia Mundial de derechos Humanos de Viena
(1993) (United Nations, 1966) No obstante, existen serios obstáculos que
impiden el avance en los derechos económicos, culturales y sociales que, a su
vez, hace que los derechos civiles y políticos no tengan sentido alguno para
los sectores de más bajo recursos y de menor educación e información, tal como
lo afirma Carmen Artigas (Artigas,
Carmen. Una mirada a la protección social desde los derechos humanos y otros
contextos internacionales, CEPAL, Santiago de Chile, agosto de2005)
Como lo señala Marcela Ferrer, tienen tal importancia estas tres
características en la que respecta a la formulación de políticas económicas,
que en su momento, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Mary Robinson, afirmo que la facultad que tienen los paises para
establecer prioridades en relación a sus recursos, no significa que se debe
escoger entre derechos concretos “porque estos derechos están
interrelacionados y son interdependientes…El derecho a la educación está
vinculado con la salud, y existe una clara conexión entre la educación de una
madre y la salud de bsus hijos pequeños” (PNUD,
2000, p. 113, citado por Marcela Ferrer, La Población y el desarrollo desde un enfoque de derechos humanos:
intersecciones, perspectivas y orientaciones para una agenda regional. CEPAL,
CELADE-División de Población, Santiago de Chile, 2005))
El peso de este Pacto, al igual que la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en todos los análisis relacionados en la
protección social es de tal magnitud e importancia que ello se ve reflejado en
todo lo relativo a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial (1966) En efecto, a la luz de este
Convención que entró en vigor en 1969, los Estados partes se comprometen a
garantizar un conjunto de derechos en los que están incluidos los derechos
políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, contemplados en ese
Pacto y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No obstante se señala
que dado a que las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, creado para analizar y resolver las controversias entre
Estados, no tienen fuerza legal, los casos aquellos en los que no hay acuerdo,
podrá ser resuelta por la Corte Internacional de Justicia, que es una instancia
con carácter resolutivo judicial.
Al lado de estos Pactos, Convenciones y
Declaraciones internacionales, dos
Conferencias realizadas en Teherán (1968) y Viena (1993) y la de El Cairo (1994), un Plan de acción Internacional
(Madrid, 2002) y la Cumbre del Milenio
(2000) se han ocupado de una u otra manera, directa e indirectamente,
sobre la promoción, el reconocimiento y la aplicación de los Derechos Humanos,
la población y el desarrollo y sobre el envejecimiento. En diciembre de 1991,
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los Principios de las
Naciones en favor de las personas de edad.
6.2
Las conferencias Internacionales
6.2.1 La Conferencia de Derechos
Humanos de Teherán y la Declaración de Viena.
El objetivo principal de la Conferencia de Teherán,
realizada en 1968, fue el de examinar los progresos alcanzados durante el
tiempo transcurrido desde la aprobación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y preparar un programa para el futuro. Culminó con la Proclamación de Teherán,
afirmando que la paz y la justicia son el marco indispensable para la
realización plena de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esta conferencia ratificó la indivisibilidad
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Puntualizó que los derechos humanos son un tema del desarrollo y enfatizó que
las disparidades presentadas en esa materia impiden su realización.
Por su parte, la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos de Viena, celebrada en 1993, concluyó con una de las determinaciones
más importantes que en esa materia se haya tomado como fue la de establecer que
los derechos humanos son universales, invisibles e interdependientes y están
relacionados entre sí, y dejó en claro, de igual modo, que las particularidades y diferencias
nacionales y regionales, los patrimonios históricos, culturales y religiosos,
no constituyen argumento alguno para eximir a los Estados de su responsabilidad
de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Así
mismo, la conferencia reafirmó el derecho al desarrollo (aprobado por la Asamblea General de las
naciones Unidas en 1986) como derecho universal, inalienable e integrante de
los derechos fundamentales y, además, señaló que la falta de desarrollo no
puede invocarse como justificación para limitar los derechos humanos
internacionalmente reconocidos.
En resumen, a la par de la Conferencia de Teherán,
la Conferencia de Viena dejó establecido la indivisibilidad de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, pero fue más lejos al
profundizar este aspecto, al sumarles la universalidad y la interdependencia, lo que significa un
trato global, justo y equitativo, dándoles a todos el mismo peso. Además, se
incorporó el del desarrollo como un derecho humano universal, inalienable e
integrante de los derechos fundamentales y se ahondaron las relaciones entre
desarrollo y derechos humanos.
Asociado a lo establecido y reafirmado en dos
conferencias anteriores, la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo de El Cairo, adelantada en 1994, incluye entre sus principios un
reconocimiento amplio a los derechos humanos consagrados en los diversos
instrumentos internacionales y trata además el derecho que tiene cada país de
implementar sus recomendaciones de acuerdo a sus realidades específicas, pero
respetando los derechos humanos a la luz de lo establecido en la legislación
internacional y universalmente reconocidos. Establece, además, un vínculo
directo con la Declaración Universal de Derechos Humanos al señalar que “todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona
tiene los derechos y las libertades proclamadas en la Declaración Universal de
los derechos Humanos, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional osocial, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Toda persona tiene derecho a
la vida, a la libertad y la seguridad personal” (Principio 1) A manera de
resumen, se puede afirmar que la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo de El Cairo, reconoce los derechos humanos consagrados
internacionalmente y realiza un llamado claro a la aplicación de un enfoque de
derechos humanos a los fenómenos de población y desarrollo. Con este fin se
refiere a temas como el del crecimiento económico y la pobreza, señalando una
vinculación entre población, desarrollo y derechos humanos.
6.2.2
Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento de Madrid (2002)
Esta Asamblea abordó el tema del
envejecimiento individual y colectivo, poniendo el énfasis en los paises en
desarrollo y sobre el aumento relativo y absoluto de la población de adultos
mayores.
Como resultado de esta Asamblea surgió el Plan de Acción Internacional
de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual plantea en sus aspectos centrales la
realización de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las
personas de edad; la garantía de sus derechos económicos, sociales y
culturales, así como de sus derechos civiles y políticos, y la eliminación de
todas las formas de violencia y discriminación en contra de las personas
mayores.
En el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, se
plantean varios temas centrales que
están vinculados a esas metas, entre las cuales destacamos:
a)
La plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
b)
El envejecimiento en condiciones de seguridad, lo que entraña reafirmar el
objetivo de la eliminación de la
pobreza en la vejez sobre la base de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad;
c)
La habilitación de las personas de edad para que participen plena y eficazmente
en la vida económica, política y social
de sus sociedades, incluso mediante trabajo remunerado o voluntario;
d)
Las oportunidades de desarrollo, realización personal y bienestar del individuo
en todo el curso de su vida,
incluso a una edad avanzada, por ejemplo, mediante la posibilidad de acceso al aprendizaje durante toda la
vida y la participación en la comunidad, al tiempo que se reconoce que las personas de edad no constituyen un grupo
homogéneo;
e)
La garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de
edad, así como de sus derechos
civiles y políticos, y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las personas de edad;
f)
El compromiso de reafirmar la igualdad de los sexos en las personas de edad,
entre otras cosas, mediante la
eliminación de la discriminación por motivos de sexo;
g)
El reconocimiento de la importancia decisiva que tienen para el desarrollo social
las familias y la interdependencia,
la solidaridad y la reciprocidad entre las generaciones;
h)
La atención de la salud, el apoyo y la protección social de las personas de
edad, incluidos los cuidados de la
salud preventivos y de rehabilitación;
i)
La promoción de una asociación entre el gobierno, a todos sus niveles, la
sociedad civil, el sector
privado y las propias personas de edad en el proceso de transformar el Plan de Acción en medidas prácticas;
j)
La utilización de las investigaciones y los conocimientos científicos y el
aprovechamiento del potencial de
la tecnología para considerar, entre otras cosas, las consecuencias individuales, sociales y sanitarias
del envejecimiento, en particular en los países en desarrollo;
k)
El reconocimiento de la situación de las personas de edad pertenecientes a
poblaciones indígenas, sus
circunstancias singulares y la necesidad de encontrar medios de que tengan una voz eficaz en las decisiones que
les afectan directamente.
En lo relativo a las
Recomendaciones para la adopción de medidas vinculadas con el desarrollo y en
el marco de lograr el Objetivo 1 trazado y referido a las medidas a adelantar
para el reconocimiento de la contribución social, cultural, económica y política
de las personas de edad, se trazan entre otras las siguientes:
a)
Asegurar el pleno goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
promoviendo la aplicación de los
convenios y convenciones de derechos humanos y otros instrumentos de derechos humanos, particularmente en la lucha contra
todas las formas de discriminación;
b)
Reconocer, alentar y apoyar la contribución de las personas de edad a la
familia, la comunidad y la economía;
c)
Ofrecer oportunidades, programas y apoyo para alentar a las personas de edad a participar o seguir participando en
la vida cultural, económica, política y social y en el aprendizaje a lo largo de toda la vida;
g)
Las personas de edad deben recibir un trato justo y digno, independientemente
de
la existencia de discapacidad u otras circunstancias, y ser valoradas
independientemente de su
contribución económica;
h)
Tener en cuenta las necesidades de las personas de edad y respetar el derecho a
vivir dignamente en todas las etapas de
la vida;
Como puede observarse en este Plan de
Acción aprobado por la Asamblea Mundial
sobre el Envejecimiento de Madrid (2002) existen una serie de temas y de
recomendaciones que apuntan a defender y en darle vigencia al goce pleno de
todos los derechos consagrados y reconocidos internacionalmente para la
población de adultos mayores.
6.2.3
La Declaración del Milenio
Aprobada en septiembre del año 2000,
esta Declaración reafirma la adhesión a principios y propósitos de la Carta de
las Naciones Unidas. El documento, entre otros aspectos, identifica ciertos
valores que califica como esenciales para las Relaciones Internacionales en el
presente siglo. Entre ellos, la libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia,
respeto por la naturaleza y responsabilidad común.
Destaca un conjunto de medidas para
lograr la paz, la seguridad y el desarme , entre las cuales se citan el respeto
al Derecho Internacional Humanitario, a los derechos humanos. En un amplio
marco de consideraciones, paises firmantes manifiestan su decisión de respetar
un conjunto de acuerdos que tienen relación directa con los derechos humanos. Entre
ellos:
·
Respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de derechos
Humanos;
·
Esforzarse por lograr la plena protección y promoción de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas;
·
Aumentar la capacidad de aplicar los principios y las prácticas de la
democracia y del respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las
minorías;
·
Luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW);
·
Adoptar medidas para garantizar el respeto y la protección de derechos
humanos de los migrantes, los trabajadores migratorios y sus familias, eliminar
los actos de racismo y xenofobia y promover una mayor armonía y tolerancia en
todas las sociedades;
·
Trabajar aunadamente para lograr procesos políticos más igualitarios, en
que puedan participar realmente todos los ciudadanos;
Puede observarse en este conjunto de acuerdos de cómo todos ellos se
orientan a proteger y promover los derechos humanos consagrados en los
distintos tratados internacionales y en relación con temas de la población, se
hace referencia a la adopción de medidas para garantizar los derechos humanos
de los migrantes y de los trabajadores migratorios y sus familias.
La relación plasma Ocho Objetivos fundamentales para ser alcanzados en
2015, referentes a 1. Erradicar la pobreza extrema, para lo cual se destaca
reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren
hambre, reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos
ingresos son inferiores a un dólar diario, y, conseguir pleno empleo digno para
todos, incluyendo mujeres y jóvenes; 2.
Lograr la enseñanza primaria universal; 3. Promover la igualdad entre géneros;
4 reducir la mortalidad infantil; 5. Mejorar la salud materna; 6. Combatir el
VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7. Garantizar el sustento del
medio ambiente, y 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
6.2.4
Principios de las Naciones Unidas a
favor de las personas de edad.
Estos principios a favor de las persona de edad fueron aprobados por
resolución 46/91 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tienen el
propósito de alentar a los Gobiernos a que introduzcan en sus programas nacionales, cada vez que
ellos sea posible, entre otros, los
siguientes principios:
1. Las personas de edad deberán tener
acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuada,
mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus familias y de la comunidad y
su propia autosuficiencia.
2. Las personas de edad deberán tener la
oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras oportunidades de generar
ingresos.
3. Las personas de edad deberán poder participar en la determinación de
cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar actividades laborales.
4. Las personas de edad deberán tener
acceso a programas educativos y de
formación adecuados.
5. Las personas de edad deberán poder
residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible.
6. Las personas de edad deberán tener
acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar
un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o
retrasar la aparición de enfermedades.
7. Las personas de edad deberán poder
vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotación y de malos tratos
físicos o mentales.
8. Las personas de edad deberán recibir un
trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza, o procedencia étnica,
discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de
su contribución económica.
6.3.
El Sistema Interamericano de los derechos humanos.
En lo que se refiere al ámbito interamericano, los
derechos económicos, sociales y culturales han sido reconocidos, tanto en lo
que se refiere a los instrumentos declarativos como convencionales, y se han
llegado a establecer algunos mecanismos
de protección para los mismos. En este sistema, se reconocen tres instrumentos:
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador
(1999).
En cuanto a la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, en el preámbulo se reconoce que todos los hombres nacen
libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están por naturaleza de
razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. Esta declaración se constituyó prácticamente en el primer
instrumento Internacional que incorporó una lista de derechos económicos,
sociales y culturales.
En el Capítulo I, ésta declaración se reconoce que:
1. Todo ser humano tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la integridad de su persona, y
2. Todas las personas son iguales ante la
ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin
distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.
Aparte de los
anteriormente citados, la Declaración Americana reconoce, entre otros, los
siguientes derechos: derecho a constituir una familia y a recibir protección
(VI); derecho de protección a las mujeres en estado de gravidez o en época de
lactancia, así como a todo niño o niña a gozar de protección, cuidados y ayuda
especiales (VII); derecho a la salud y a la asistencia médica (XI); derecho a
la alimentación, el vestido y la vivienda (XI); derecho a la educación en
condición de igualdad de oportunidades, y derecho a recibir gratuitamente la
educación primaria (XII); derecho de participar en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de
los progresos intelectuales y de los descubrimientos científicos (XIII).
Al lado de estos importantes derechos,
la Declaración no recoge mayores elementos que obliguen a la protección y
promoción de los derechos humanos, como tampoco, no
contiene expresamente un sistema de protección por los Derechos Humanos. Para
superar esta situación, el estatuto de
la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos faculta a la Comisión para
recibir y examinar comunicaciones o denuncias individuales por violación a los
derechos civiles y políticos, y económicos.
Por su parte, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos
(1978) fue aprobada en una Conferencia Especial de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), y establece las bases de un Sistema Interamericano
para la protección de los derechos Humanos. Para tal efecto, se crearon la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
derechos Humanos. La tarea central de estos dos órganos es asegurar el cumplimiento
de las obligaciones impuestas por la Convención.
La Convención es un documento extenso de 82 artículos, de los
cuales, más de veinte de ellos, están dedicados a la enumeración de derechos
específicos. Los mencionados acuerdos están consagrados a las libertades
civiles y políticas contemplados en las respectivas constituciones de los
paises con una tradición democrática. Dado que la Convención no garantiza
específicamente los derechos económicos, sociales y culturales, consagra un
artículo que compromete a los Estados partes a fomentar el cumplimiento
progresivo de los derechos Humanos.
En
lo que se refiere al Protocolo de San Salvador, que entró en vigor en noviembre 16 de 1999,
se constituye en el principal instrumento del sistema interamericano de los
derechos humanos. Su fundamento central es el principio de la igualdad y la no
discriminación. Reafirma la integralidad entre los derechos económicos,
sociales y culturales, y los derechos civiles y políticos, en consideración a
que las persona humana estructura un “todo indivisible que encuentra su base en
el reconocimiento de la dignidad de la persona humana”.
El Protocolo de San salvador expresa su
reconocimiento a una amplia gama de derechos económicos, sociales y culturales,
entre los cuales se pueden mencionar el derecho al trabajo (art.6); derechos
sindicales (art.8); derecho a la seguridad social en caso de vejez y de
incapacidad física o mental (art.9), que comprende la atención médica y la
jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y
cuando se trate de mujeres, licencia retributiva por maternidad, antes y
después del parto.
El Protocolo también
considera, entre otros, el esencial derecho a la salud (art.10), que exige el disfrute
pleno del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; el derecho a un
medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos (art.11); el
derecho a la alimentación y a una nutrición adecuada (art.12); el derecho a la
educación (art.13) y el derecho a los beneficios de la cultura, a participar en
la vida cultural y artística de la comunidad, a gozar de los beneficios del
progreso científico y tecnológico, y beneficiarse de la protección de los
intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones
científicas, literarias o artísticas de que se es autor (art.14). También
reconoce el derecho de protección especial que se requiere en la niñez, que a su vez comprende el derecho a medidas
especiales que la condición de menor de edad requieren por parte de la familia,
de la sociedad y del Estado, el derecho a crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de los padres, el derecho de los niños de corta edad a no ser
separados de su madre, y el derecho a la educación gratuita y obligatoria, al
menos en su fase elemental (art.15); y, en cuanto a los adultos mayores se
refiere, el derecho a una protección especial durante la ancianidad (art.17); el derecho a recibir una atención especial en
caso de disminución de las capacidades físicas o mentales. (art.18)
El Protocolo estipula
el Capítulo 17 especialmente para los ancianos que a la letra dice.
“Toda
persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal
cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las
medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular
a:
a.
proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica
especializada, a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se
encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;
b.
ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos
la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades
respetando su vocación o deseos;
c.
estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad
de vida de los ancianos”. (Protocolo de
San salvador, 1999)
Finalmente, está la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyo mandato medular es el de promover
y proteger los derechos económicos, sociales y culturales en las Américas, como
órgano principal de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) y como órgano de supervisión de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, del Protocolo de San Salvador, y de los demás
instrumentos convencionales del sistema interamericano, así como de la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
7
El derecho al desarrollo y los derechos humanos y
las políticas sociales
Una mirada desde lo conceptual al proceso del
desarrollo humano, desde la “perspectiva
o el enfoque de derechos”, remite al conjunto de normas y
estándares internacionales sobre los
Derechos Humanos, lo cual, a su vez, remite al respeto, protección y satisfacción
y promoción de los mismos.
Cuando se habla de este tipo de enfoque sobre el
desarrollo humano, se busca integrar estos principios en el cuerpo de la
legislación, planes, políticas, programas y procesos de desarrollo de cada
país. Esta perspectiva ofrece la oportunidad que conduce hacia todo aquello que el Estado debe hacer,
en la vía de lograr la plena realización de todos los derechos, no sólo civiles
y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales.
Para el desarrollo de esta perspectiva, es
necesario abordar el carácter de las
políticas públicas en interacción completa con los diferentes grupos sociales.
Las políticas públicas son formuladas por el estado t tienen como fin impactar,
de algún modo, en la sociedad y, aunque, el concepto tiene varias
interpretaciones, un tipo de definición
conduce a entender las políticas públicas como acción o inacción, por parte de
un gobierno ante la presencia de un problema. Se entienden como un conjunto de
decisiones que se orientan a impactar en el ámbito social (Lic. Norberto Zeller. Coord. Marco Conceptual metodológico para el
estudio de las políticas públicas, SGP, INAP, Buenos Aires, 2007)
En cuanto al derecho al desarrollo, reposa en la
idea de dignidad inherente al ser humano, lo cual se opone a cualquier conducta
que suponga un accionar contrario frente a condiciones de vida degradante o de
privación o negación de las necesidades básicas del ser humano. Hace referencia
a un estándar mínimo de justicia. Es un “derecho a los medios para la
realización del ser humano” (Pérez González. “El Derecho al Desarrollo Como
Derecho Humano”, en El Derecho al Desarrollo en el derecho de los derechos,
Coord. Bruquetes, C. Edit. Complutense, 1988, página 96, citado por María
Alejandra Sticca, Derecho al Desarrollo).
De acuerdo a Carrillo Salcedo, J., el desarrollo es
una empresa multidimensional para lograr una mejor calidad de vida para todos
los pueblos. El desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del
medio ambiente son componentes del desarrollo sostenible que tienen una
interdependencia y se refuerzan recíprocamente (Carrillo Salcedo J., “El Derecho al Desarrollo Como Derecho de la
Persona Humana”, revista española De Derecho Internacional, volumen 25, 1972,
Pg. 119).
Según Rosa Blanco Matamoros “el desarrollo, comprende todos los derechos que pueden
concebirse en relación con la persona humana y su forma de vida (derechos
básicos de la comunidad y acceso a los recursos necesarios para su
desarrollo...”. (Blanco Matamoros, Rosa E. Derecho para
el Desarrollo. Revista IUSTITIA, N° 87, año 8, 1994, pág. 4)
Como derecho humano, el derecho al desarrollo, ha
sido un importante tema de reiteradas y expresas referencias desde mediados del
siglo pasado.
Las primeras afirmaciones sobre el derecho al
desarrollo se encuentran, como ya se ha mencionado, en la Declaración de
Filadelfia (OIT), de 1944 y en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas,
en todo lo del articulado Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
y en algunas de las diferentes Resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos
que se han pronunciado a favor del derecho al desarrollo como derecho humano
inalienable
En igual sentido, se pronuncia la Declaración contra
la Discriminación racial, aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1978) que proclamó de
manera expresa el derecho al desarrollo como derecho humano, el cual se plasmó
en forma, también, expresa en la Carta Africana de Derechos del Hombre y de los
pueblos de 1981.
El mayor reconocimiento que se ha hecho a este derecho,
se ha dado en el propio ámbito de las Naciones Unidas en la declaración sobre
Derecho al Desarrollo de 1986. Esta Declaración adoptada por la Asamblea
General en la Resolución 41/128 deja claro en el preámbulo sobre el Derecho al
Desarrollo el reconocimiento que “el
Desarrollo es un proceso global, económico, social, cultural y político, que
tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos
los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa
en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se
deriva”. Reconoce, además que la persona humana es el sujeto central del
proceso de desarrollo y que toda política de desarrollo debe por ello
considerar al ser humano como participante y beneficiario principal del
desarrollo y agrega que la creación de condiciones favorables al desarrollo de los pueblos y las personas es el deber primordial de los
respectivos Estados.
El numeral 1 del artículo primero de esta
importante Declaración, afirma que “el derecho al desarrollo es un derecho
humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están
facultados para participar en un desarrollo económico, cultural y político en
el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. Y el numeral
1 del artículo 2 se referencia que “la persona humana es el sujeto central del
desarrollo y debe ser participante activo y el beneficiario del derecho al
desarrollo”. (Naciones Unidas, 1986)
Durante mucho tiempo atrás y más recientemente en los últimos años, con
ocasión de las transformaciones y cambios presentados en la comunidad
internacional, se ha venido discutiendo alrededor de los llamados Derechos de
Solidaridad o de tercera generación, en el ámbito de los Derechos Humanos. Esta
nueva categoría de derechos responde a intereses globales de la comunidad
internacional y precisa de la cooperación en ese mismo contexto. Entre estos
derechos se destaca el derecho al desarrollo.
El Derecho al Desarrollo se considera como un derecho humano de la
solidaridad y, en este sentido, se considera inalienable, universal e
indivisible y “es un derecho síntesis, en el sentido que incorpora tanto a los
derechos civiles y políticos, como a los derechos económicos, sociales y
culturales, es decir, a los de primera y segunda generación” (María Alejandra Sticca, Derecho al
Desarrollo) La misma autora señala que quienes se guían por los valores de
humanización y democratización del derecho internacional, ven en él un
importante instrumento de transformación de la sociedad y de la realidad
internacional.
Es tal la importancia de este asunto que ya se ha insertado en los
debates que sobre el particular se han adelantado en la comunidad
internacional, especialmente en el ámbito de las naciones Unidas, orientado a
las bases de una nueva visión sobre el desarrollo. Sobre este aspecto, especial
mención nos merece la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1993), la
Conferencia Mundial de desarrollo Humano de Viena, de 1993, que como ya se vio,
concluyó con importantes determinaciones en esa
materia como fue la de establecer que los derechos humanos son universales,
invisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Del mismo modo se
menciona la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994)
que restableció la importancia de la población como elemento central del
desarrollo; la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), la Conferencia de
Beijing en la que se debatió la integración de la mujer en las actividades del
desarrollo y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague
del 6 al 12 de marzo de 1995, en la que se trataron principalmente los
problemas sociales que padecen todos los paises, centrándose en la exigencia de
erradicar la pobreza y en la integración social.
A esta serie de conferencias y cumbres, se ha de
agregar las realizadas en torno al envejecimiento, como lo fue la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán
(1968), Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de Madrid (2002), la Declaración del Milenio (2000) y
los Principios de las Naciones Unidas a
favor de las Personas de Edad (1991).
La importancia medular de todo lo anterior radica en el valor de la
solidaridad, que a juicio de Javier de
Lucas puede definirse como “la conciencia conjunta de derechos y obligaciones,
que surgiría de la existencia de necesidades comunes, de similitudes (de
reconocimiento de identidad), que precede a las diferencias sin pretender su
allanamiento” (Javier de Lucas, El
concepto de solidaridad, citado por María Alejandra Sticca, Derecho al
Desarrollo, pag. 312)
Solidaridad proviene de la expresión latina in sólidum, con la cual se designa relaciones obligatorias,
caracterizadas por la unidad y la integridad a la vez, del vínculo obligatorio
y por la pluralidad de sujetos ligados en una obligación. La expresión también
se utilizó en la acepción de indivisibilidad o integridad de la prestación, lo
que lleva a afirmar “que el elemento esencial que caracteriza la solidaridad es
la comunión de medios, fines, obligaciones, derechos y deberes mutuos o
unilaterales, en donde las personas vinculadas a esta relación son plurales…”, (Javier de Lucas, El Concepto de
Solidaridad, México, D.E., BEEDF, S.A., pp.33 y ss.)
a.
Las políticas públicas y sociales
Sobre este mismo aspecto, en América Latina, en consideración
a la profunda desigualdad social y económica que vive la región y dado que los
patrones de desarrollos existentes y aplicados desde 1980, hacia adelante, han
mostrado su ineficacia, el rigor de la inequidad se manifiesta con intensidad y
se representa en el acceso desigual de las personas en los beneficios del
desarrollo.
En la vía de reducir la inequidad existente, la
CEPAL (2000a) sostiene que se requiere que el Estado, al de lado de reorientar
los patrones de desarrollo económico, se diseñen y apliquen sistemas
incluyentes e integradores y de promoción de oportunidades y de la calidad de
vida. Irma Arriagada señala que para tal efecto “la política social debe
orientarse con sentido integrador, mediante instituciones que consideren
simultánea y prioritariamente los principios de universalidad, solidaridad y
eficiencia.
El principio de universalidad implica garantizar que todos los
ciudadanos reciban en cantidad y calidad suficientes las protecciones
consideradas fundamentales para participar plenamente en la sociedad, dentro de
las posibilidades que permite el nivel de desarrollo de los países y en el
marco de los pactos fiscales establecidos en cada uno de ellos. La solidaridad
es el principio que postula la participación diferenciada en el financiamiento
de la política social y del acceso a la protección social, según la capacidad
económica de las personas. Se sostiene que la eficiencia debe orientar la
organización y la gestión de los servicios y prestaciones sociales, para
asegurar los principios de solidaridad y universalidad, los estándares de
calidad, y asimismo la minimización de los costos y la maximización de los
resultados” (Irma Arriagada, Cambios en
las políticas sociales: políticas de género y familia. CEPAL, División de
Desarrollo Social, Santiago de Chile, 2006, p. 26)
En los últimos, años ha existido un consenso cada vez más amplio, en
relación a la necesidad de pensar en las políticas públicas, en general, y en
las políticas sociales, en particular, como elementos de primer orden de las
obligaciones estatales para el desarrollo y cumplimiento de los derechos
humanos. Tal enfoque se encamina hacia el reconocimiento de parámetros mínimos
de dignidad cuyo responsable es el Estado, mediante el uso y aplicación de los
diferentes instrumentos que tiene y están a su alcance. De este modo, hay un cambio en la
consideración de las personas de tratarlas como simples “beneficiarios” de programas sociales, a su plena valoración
y estima como titulares de derechos.
La política social, en consonancia con el desarrollo social, perseguido
por el Derecho al Desarrollo se entiende como aquella que busca cubrir ciertas
necesidades mínimas de las personas, entre las cuales se pueden señalar: la
alimentación, vestido, vivienda digna y óptima, acceso a los servicios de salud
y oportunidades de acceder a un empleo dignamente remunerado. Estas condiciones están claramente
consignadas y confirmadas por el Artículo 11 del Pacto de derechos Económicos,
Civiles y Políticos que a la letra dice: “El derecho de toda persona a un nivel
de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación vestido y vivienda
adecuados”.
b. Derechos
Humanos y Protección Social
Se ha señalado anteriormente que el desarrollo al
desarrollo y tal como lo afirma la Asamblea general de las Naciones Unidas, “es
un derecho humano inalienable, en virtud
del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar
en un desarrollo económico, social ultural y político, en el que puedan
realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a
ese desarrollo y a disfrutar de él” (ACNUDH, 1986)
En esta misma línea, la Declaración del Milenio se
pronuncia en cuanto afirma que el desafío de la gobernabilidad democrática
reside en consolidar un enfoque de derechos en las políticas públicas, que
permita que el derecho al desarrollo sea una realidad para las personas que hoy
viven en situación de pobreza o indigencia, meta hacia la cual deben dirigirse
los esfuerzos de los objetivos del desarrollo y todo lo relativo o asociado a
ello.
Desde esta amplia perspectiva de los derechos
humanos, la protección social se alza como un importante elemento de reducción
de la pobreza. Carmen Artigas, citando a Andrew Shepherd, anota que la
protección social “es una aproximación a los procesos, a las políticas y a las
intervenciones que responden a los riesgos y restricciones económicas,
sociales, políticas y de seguridad que enfrentan las personas pobres y
vulnerables, a fin de volverlos menos inseguros, menos pobres y con más
posibilidades de participar en el crecimiento económico” (Carmen Artigas, Una mirada la protección social desde los derechos
humanos y otros contextos internacionales, naciones Unidas, CEPAL, Santiago de
Chile, 2005, p. 12)
La protección social es parte integral y
constitutiva del concepto de “trabajo decente” y se vincula con los objetivos
de diálogo social, “con la promoción del empleo y con el respeto de los
derechos fundamentales de los trabajadores”, afirma Alejandro Bonilla García,
Coordinador de Políticas e Investigación del Sector de la Protección Social de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (Alejandro
Bonilla García, “Mundialización y protección social. Mitos, utopías y
realidades”, OIT, Educación obrera, 2000/4, Número 121)
Volviendo de nuevo la mira hacia las apreciaciones de Carmen Artigas, y
recogiendo lo que esta autora señala sobre este mismo aspecto, se anota que “un
enfoque de la protección social puede representar una fuerte contribución hacia
la prevención de la caída en la pobreza y la ayuda a la recuperación, y hacia
la reducción de la pobreza y la privación multidimensional a largo plazo”. (Carmen Artigas, Una mirada la protección
social desde los derechos humanos y otros contextos internacionales, naciones
Unidas, CEPAL, Santiago de Chile, 2005, p. 12)
Para el caso del África, que bien puede
aplicarse a América Latina, el Convenio 102 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), enumera nueve campos de protección que podrían tener efectos
positivos en la protección y en poder asegurar el desarrollo y cumplimiento de
las metas de la Cumbre del Milenio. Estos campos son: asistencia médica,
enfermedad, desempleo, vejez,
accidente del trabajo y enfermedad profesional, prestaciones familiares,
maternidad, invalidez y prestaciones de
sobrevivientes (OIT, Protección social: lo que los trabajadores y los
sindicatos deben saber, Educación Obrera, 2000/4, Numero 121)
No hay duda alguna sobre el hecho de que reducción
de la pobreza de ingresos, contribuye en mucho a mejorar los resultados en lo
que tiene que ver con la salud y la educación. Sin embargo, se puede afirmar
también con seguridad que todos los derechos humanos hacen parte sustantiva en
materia de protección social, partiendo de lo que señala en el preámbulo del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en cuanto a
que “no puede realizarse el ideal del ser
humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos,
sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos”.
8
Derechos sociales y envejecimiento.
Aunque, hasta este momento, los derechos de los
adultos mayores no han sido reconocidos de manera específica bajo la forma de
una Convención o un Tratado concreto en el marco del Sistema, de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, tal como si se ha hecho con las mujeres y los
niños, la situación de los derechos humanos de las personas mayores o de edad
avanzada ha sido objeto de atención y preocupación por parte de la comunidad
internacional. En efecto, tal como lo señalan Sandra Huenchuan y Luis Rodriguez
Pinto, (Sandra Huenchuan, Luis Rodriguez
Pinto. Envejecimiento y derechos humanos: situación y perspectivas de protección, CEPAL, UNFPA, ASDI, Santiago
de Chile, 2010) hasta la fecha han existido cuatro iniciativas para lograr
una declaración sobre los derechos de las personas mayores, presentadas
formalmente o discutidas como documentos a los organismos de las naciones
Unidas y sus respectivos órganos especializados. Estas iniciativas, parten de
la declaración de los derechos de la vejez, presentada por Argentina en 1948,
la declaración sobre los derechos y responsabilidades de las personas de edad
presentada por la federación Internacional de la Vejez y la república
Dominicana en 1991. Esta declaración fue la base de los Principios de las
naciones Unidas a favor de las personas de edad, adoptada por Resolución 46 de
1991. Más adelante, en 1999, la república Dominicana presentó un proyecto de
Declaración de Interdependencia en el cual se hacía un llamado a promover y
respetar tanto los vínculos existentes entre los pueblos a escala internacional
como aquellos que unen a las personas y los grupos a escala microsocial (Consejo Económico y Social, 1998)
No obstante lo anterior y como ya se anotó
anteriormente, el asunto sobre el envejecimiento individual y de la población ha sido objeto
de estudio por parte de las Naciones
Unidas, especialmente en 1973, cuando la Asamblea General enfatizó en la
necesidad de proteger los derechos y el bienestar de las personas de edad. Sin
embargo, la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, fue realizada en
Viena en 1982).
En 1990, la propia Asamblea General “reconoció la complejidad y rapidez del
fenómeno del envejecimiento de la población mundial y la necesidad de que
existiera una base y un marco de referencias comunes para la protección y
promoción de los derechos de las personas de edad” (Naciones
Unidas, 1991) En 1991, la Asamblea
general adoptó la Resolución 46/91 sobre
los Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de Edad,
señalando cinco temas prioritarios: independencia, participación, cuidados,
autorrealización y dignidad (Naciones Unidas, 1991) Posteriormente el tema fue
tratado en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, (Madrid, 2002)
de donde surgió el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento.
9
El asunto de las pensiones.
10
El asunto pensional y de las reformas en América Latina y en Colombia
Aunque la historia de la seguridad social en América Latina data de
finales del Siglo XIX, los asuntos relacionados en particular con las pensiones
son más recientes, en cuanto fueron establecidos a mediados del siglo pasado.
A fines del siglo pasado, en la década de los 80,
las crisis de la deuda externa y las dificultades financieras presentadas con
ocasión de los fuertes desequilibrios de la balanza de pagos, llevó a varios
países a reformar el Estado y con ello, todo el conjunto de subsidios establecidos en los sistemas de
pensiones. América Latina, fue el escenario expedito para montar las reformas
que condujeron por el tipo de sistema de capitalización individual o que
funcionan de forma paralela o conjunta con el sistema de reparto. De este modo,
en la década de 1990, una de las políticas sociales más importante puesta
en marcha en esta región fue la de la reforma de los sistemas de pensiones,
cuyos efectos han sido objeto desde diversos puntos de vista, aunque más
débilmente para el caso de las mujeres y de los adultos mayores en estado de
vulnerabilidad y que no tuvieron oportunidad de acceder al beneficio pensional.
Diversos factores contribuyeron a las reformas
llevadas a cabo. Aparte de la fuerte influencia que tuvo en la región la
ideología neoliberal impulsada desde Washington y por los organismos
internacionales de crédito, merecen mencionarse las siguientes: a. La
transición demográfica que se vive en Latinoamérica y el rápido proceso de
envejecimiento de la población; b. La crítica situación deficitaria de los
sistemas pensiones; c. Los problemas actuariales en los esquemas públicos de pensiones;
d. Los frecuentes y hondos déficits de las finanzas públicas y los
desequilibrios macroeconómicos que afectan los subsidios del sistema pensional;
e. la profunda crisis del modelo económico, social y político impuesto desde
los años 80 en América Latina y en el que los programas sociales se vieron
afectados de tal manera que se dieron como resultado un mayor número de pobres;
y f. la creciente demanda por los beneficios previsionales.
En la década de los noventa, ocho países latinoamericanos
adelantaron reformas en su sistema de pensiones. Fueron estos: Perú (1993),
Colombia y Argentina (1994), Costa Rica (1995), Uruguay (1996), Bolivia, México
y El Salvador (1997) y cuatro países más hicieron reformas después del año
2000: Costa Rica (2001), Nicaragua, Ecuador y República Dominicana (2003). Todos estos
paises realizaron las reformas basados
en la experiencia de Chile que reemplazó, entre 1980 y 1981, el sistema de
pensiones de carácter público colectivo de reparto por el de capitalización individual administrado por el sector
privado. La lógica imperante en este tipo de régimen pensional se
fundamenta en el mismo esquema de los
sistemas privados de seguros, en el que los asegurados o afiliados perciben
beneficios de acuerdo al riesgo asumido,
en posición al sistema público de reparto en el que el riesgo es cubierto de
manera colectiva por todos los asegurados, sin diferencia alguna en el sexo.
Esta caracterización se alza como una de las principales en un sistema de
seguridad social.
El sistema aplicado ha sido tan bien visto por
otros paises que, hasta algunos países de Europa oriental, han imitado la
experiencia de América Latina y han optado por privatizar su sistema de
pensiones. Otro resto de países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y los países
de la Unión Europea, han evitado hacer reformas profundas a la seguridad
social, aunque la mayoría han iniciado reformas de tipo paramétrico al sistema
de reparto que buscan aliviar las presiones financieras, tales como el aumento
en la edad de jubilación.
En los sistemas de pensiones en el que se
aplica parcial o totalmente un esquema de capitalización individual, el riesgo
se asume de manera individual y tiene en cuenta las diferencias de sexo. De acuerdo a la organización Internacional
del Trabajo (OIT, 1990) en América Latina, por lo general, la fuente de la
mayor parte de los ingresos percibidos por la población adulta mayor proviene
de los beneficios entregados por los sistemas de seguridad social.
De acuerdo con lo anterior,
“Sobre la base de la información disponible de los países de las
regiones examinadas, demuestra que el Sistema de Seguro Social, de reparto, es
con mucho el que mayormente funciona, incluso en Asia, donde hay más diversidad
de sistemas. La privatización y la capitalización individual han encontrado
terreno fértil sólo en América Latina, aunque en relativamente pocos países.
Algunos europeos fomentan la capitalización individual, pero únicamente como un
suplemento voluntario de la pensión.” (Benjamín
González Roaro, La seguridad social en el mundo, Siglo XXI Editores, México, p.
146)
11. Las Reformas de los sistemas de pensiones
En lo que tiene que ver con los modelos de
reforma estructural adelantados en América Latina, Carmelo Mesa-Lago anota que
existen tres modelos generales:
·
El Modelo sustitutivo: En este modelo es sistema de
reparto se sustituye totalmente por un sistema privado.
·
El Modelo paralelo: El sistema público de reparto se
reforma, se crea un sistema privado y existe competencia entre ambos.
·
El Modelo mixto: Se mantiene el sistema público de
reparto que otorga una pensión básica y se crea un sistema privado que ofrece una pensión complementaria. (Carmelo Mesa-Lago, “La reforma de pensión en América Latina. Modelos y
características, mitos y desempeños, y lecciones”, en Katja Hugo, Carmelo
Mesa-Lago y Manfred Nitsch editores, ¿Públicos o privados? Los sistemas de
pensiones en América Latina después de dos décadas de reformas, Nueva Sociedad,
Caracas, 2004, p.21)
|
Características de los
sistemas de pensiones de seguridad social públicos y privados
|
||
|
Características
|
Sistemas
|
|
|
“Públicos”
|
“Privados”
|
|
|
Contribución
|
No definida
|
Definida
|
|
Prestación
|
Definida
|
No definida
|
|
Régimen financiero
|
Reparto o capitalización
parcial colectiva (CPC)
|
Capitalización plena e
individual (CPI)
|
|
Administración
|
Pública
|
Privada o múltiple
|
Fuente: Carmelo
Mesa-Lago, “La reforma de pensión en América Latina. Modelos y características,
mitos y desempeños, y lecciones”, en Katja Hugo, Carmelo Mesa-Lago y Manfred Nitsch
editores, ¿Públicos o privados? Los sistemas de pensiones en América Latina
después de dos décadas de reformas, Nueva Sociedad, Caracas, 2004, p.20
México se caracteriza por aplicar una reforma
sustitutiva ya que los nuevos trabajadores sólo tienen acceso al sistema de
capitalización individual. En el régimen
de transición, los trabajadores
que empezaron a cotizar antes de 1997 podrán decidir al momento de su retiro la
opción que más les convenga, ya sea la pensión bajo el anterior sistema de
reparto o lo acumulado en sus cuentas individuales. El Estado se compromete a
otorgar una pensión mínima garantizada.
|
Modelos generales y características de doce reformas de pensiones en
América Latina, 2003
|
||||||
|
Modelo
|
País y fecha de inicio del sistema
|
Sistema
|
Contribución
|
Prestación
|
Régimen financiero
|
Administración
|
|
Sustitutivo
|
Chile: mayo 1981
Bolivia: mayo 1997
México: septiembre 1997
El Salvador: mayo 1998
Nicaragua: 2003
Rep. Dominicana: mayo 2003
|
Privado
|
Definida
|
No definida
|
CPI
|
Privadab
|
|
Paralelo
|
Perú: Junio 1993
Colombia: abril 1994
|
Público o Privado
|
No Definida
Definida
|
Definida
No Definida
|
Repartoa
CPI
|
Pública
Privadab
|
|
Mixto
|
Argentina: junio
1994
Uruguay. abril 1996
Costa Rica: mayo 2001
Ecuador: enero 2003
|
Público y Privado
|
No definida
Definida
|
Definida
No definida
|
Repartoa
CPI
|
Pública
Múltiple
|
|
a En
Perú, Argentina y Uruguay, pero CPC en Colombia y Costa Rica. b Múltiple
en México, República Dominicana y Colombia.
Nota: CPC= Régimen
financiero de reparto o de capitalización parcial colectiva. CPI= Régimen
financiero de capitalización plena e individual.
Fuente: Carmelo
Mesa-Lago, “La reforma de pensión en América Latina. Modelos y
características, mitos y desempeños, y lecciones”, en Katja Hugo, Carmelo
Mesa-Lago y Manfred Nitsch editores, ¿Públicos o privados? Los sistemas de
pensiones en América Latina después de dos décadas de reformas, Nueva
Sociedad, Caracas, 2004, p.21. Con base a la legislación de los 12 países.
|
||||||
Aunque el modelo reforma
pensional de cada país puede
clasificarse dentro de uno de estos tres tipos generales, es claro que existen
diferencias notorias en el funcionamiento de cada sistema. Esto se observa, por
ejemplo, en las condiciones existentes para acceder a los beneficios, en las
contribuciones de los diferentes agentes (trabajador, patrón y Estado), entre
otros aspectos.
Desde 1998,
una serie de países de Europa Central y Europa Oriental han iniciado reformas
a los sistemas de pensiones. No obstante, éstas han sido de naturaleza
heterogénea. Según González Roaro:
“Los procesos
de reforma tendientes a la privatización, total o parcial, de las pensiones,
aunque con involucramiento del Estado, se iniciaron desde finales del decenio
de los años noventa en Kazajstán (1998), Hungría (1998), Polonia (1999), Latvia
(2001), Bulgaria (2002) y Croacia (2002). Por su parte, Checoslovaquia y
Eslovenia descartaron la privatización y decidieron reforzar el financiamiento
del sistema de reparto, complementándolo con un esquema privado voluntario).”
(González Roaro, op.cit., p.75)
De acuerdo a los informes de la Comisión de las Comunidades Europeas y
el Consejo de la Unión Europea, los beneficios de la seguridad social en Europa
son más amplios y generosos que los del resto del mundo, especialmente en lo
que tiene que ver con el caso de las pensiones en el que los trabajadores se
jubilan a edad más temprana y con un mayor porcentaje de su sueldo como
trabajador, entre otros aspectos. Los sistemas europeos por lo general tienen
un sistema de pensiones basado en dos pilares: una pensión universal para
aquellas personas que no tienen derecho a una pensión por sus cotizaciones
durante su vida laboral, la cual generalmente está condicionada a la residencia
en el país durante un determinado número de años y cuyo financiamiento proviene
de los impuestos. Asimismo, existe un sistema de reparto para los trabajadores
afiliados a la seguridad social y financiado mediante las cotizaciones. (Comisión de las Comunidades Europeas y
Consejo de la Unión Europea, Informe conjunto de la Comisión y del Consejo
sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones, Bruselas, 2003)
Dada la concentración de personas en edad avanzada, en la pirámide
poblacional, en los países europeos la mayor preocupación se centra en el
financiamiento de las pensiones y, especialmente, en las pensiones por vejez.
El propósito es establecer medidas que permitan sostener esta situación, en la
búsqueda de respetar el derecho de las personas a tener una vejez digna.
A pesar de la problemática del sistema de seguridad social en Europa,
que incluye la transición demográfica que ha disminuido la cantidad de
trabajadores activos, las altas tasas de desempleo, así como la presión
financiera derivada de esquemas generosos de seguridad social, los países
europeos no han abandonado el sistema de reparto. Algunos de ellos han
incorporado esquemas de capitalización individual generalmente de forma
complementaria y de acceso voluntario. Sin embargo, han emprendido una serie de
medidas que intentan mejorar la situación financiera basadas, principalmente,
en la incorporación a la vida laboral y el aumento del número de
trabajadores cotizantes en activo.
Entre las medidas para
aligerar la presión financiera de las pensiones se encuentran la disminución de
la jubilación anticipada, el aumento de la edad de jubilación, condiciones más
estrictas para tener acceso a las pensiones como el aumento del periodo de
cotización. Para incentivar la participación en el trabajo, se ha buscado
integrar al mercado laboral a más temprana edad a los jóvenes, así como
aumentar la capacitación y otorgar asistencia en la búsqueda de empleo evitando
que las personas caigan en el desempleo o disminuyendo el tiempo que permanecen
en esta situación.
12. Política
de envejecimiento y vejez en Colombia2007-2019
La Ley Nacional del Plan de Desarrollo 2006-2010
(Ley 1151 de julio de 2007), determina que el Ministerio de la Protección
Social, debe llevar a cabo el proceso de definición y desarrollo de la Política
Nacional de Envejecimiento y Vejez.
13. El
sistema pensional en Colombia
Bibliografía Específica
Carmen Artigas, Una
mirada a la protección social desde los derechos humanos y otros contextos
internacionales, CEPAL, Santiago de Chile, 2005.
Gerardo Ordoñez Barba
“El Estado de bienestar en las democracias occidentales: lecciones para
analizar el caso mexicano”, región y sociedad, vol. XIV, no. 24, El Colegio de
la Frontera Norte, 2002, p. 109.
Laura Bacca Olarmendi, Judith Bosser-Liwerant, Fernando Castañeda,
Isidro H. Cisneros y Germán Pérez Fernández del castillo, Léxico de política,
FCE, FLACSO, México, 2000, p.563.
Bacca Olarmendi, op.cit., pp. 637.
Ordoñez Barba, op.cit., pp. 121.
Carta
de las Naciones Unidas, 1945.
Declaración de los
derechos Humanos, Artículo 22
PNUD, 2000, pág. 93.
Artigas, Carmen. Una mirada a la
protección social desde los derechos humanos y otros contextos internacionales,
CEPAL, Santiago de Chile, agosto de2005
PNUD, 2000, p. 113, citado por Marcela
Ferrer, La Población y el desarrollo
desde un enfoque de derechos humanos: intersecciones, perspectivas y
orientaciones para una agenda regional. CEPAL, CELADE-División de Población,
Santiago de Chile, 2005.
Lic. Norberto Zeller.
Coord. Marco Conceptual metodológico para el estudio de las políticas públicas,
SGP, INAP, Buenos Aires, 2007.
Carrillo Salcedo J.,
“El Derecho al Desarrollo Como Derecho de la Persona Humana”, revista española
De Derecho Internacional, volumen 25, 1972, Pg. 119.
Blanco
Matamoros, Rosa E. Derecho para el Desarrollo. Revista IUSTITIA, N° 87,
año 8, 1994, pág. 4.
Naciones Unidas,
1986.
María Alejandra Sticca, Derecho al Desarrollo. S.p.
Javier de Lucas, El concepto de
solidaridad, citado por María Alejandra Sticca, Derecho al Desarrollo, pag.
312.
Javier de Lucas, El Concepto de
Solidaridad, México, D.E., BEEDF, S.A., pp.33 y ss.
Irma Arriagada, Cambios en las
políticas sociales: políticas de género y familia. CEPAL, División de
Desarrollo Social, Santiago de Chile, 2006, p. 26
Carmen Artigas, Una
mirada la protección social desde los derechos humanos y otros contextos
internacionales, naciones Unidas, CEPAL, Santiago de Chile, 2005, p. 12.
Alejandro Bonilla
García, “Mundialización y protección social. Mitos, utopías y realidades”, OIT,
Educación obrera, 2000/4, Número 121.
Carmen Artigas, Una
mirada la protección social desde los derechos humanos y otros contextos
internacionales, naciones Unidas, CEPAL, Santiago de Chile, 2005, p. 12.
Sandra Huenchuan, Luis Rodriguez Pinto.
Envejecimiento y derechos humanos: situación y perspectivas de protección, CEPAL, UNFPA, ASDI, Santiago
de Chile, 2010.
Consejo Económico y Social, 1998.
Naciones Unidas, 1991.
Benjamín González Roaro, La seguridad social en el mundo, Siglo XXI
Editores, México, p. 146.
Carmelo Mesa-Lago, “La reforma de pensión en América Latina. Modelos y
características, mitos y desempeños, y lecciones”, en Katja Hugo, Carmelo
Mesa-Lago y Manfred Nitsch editores, ¿Públicos o privados? Los sistemas de
pensiones en América Latina después de dos décadas de reformas, Nueva Sociedad,
Caracas, 2004, p.21.
Comisión de las Comunidades Europeas y Consejo de la Unión Europea,
Informe conjunto de la Comisión y del Consejo sobre la adecuación y la
viabilidad de las pensiones, Bruselas, 2003)
Bibliografía
General
Banco Mundial, (1994) Envejecimiento sin crisis, Washington D.C.
BBVA Bancomer, (2004) Fortalecimiento de las pensiones del ISSSTE,
Serie Propuestas No.31, Estudios Económicos, marzo.
Bertranou, Fabio y Alberto Arenas de Mesa, eds., (2003) Protección
social, pensiones y género en Argentina, Brasil y Chile, Santiago, OIT.
Bonilla, Alejandro y Alfredo Conte-Grand, eds., (1998) Pensiones en
América Latina: Dos décadas de reforma, Lima, OIT.
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, (2004) El sistema de
pensiones (Afores) en México, 1997-2003, H. Congreso de la Unión, febrero.
Cabañas Guimares, Mônica, et.al., Actualidad y futuro de los sistemas
de pensiones, H. Cámara de Diputados, Comisión de Seguridad Social, México,
agosto de 2005.
García,
Francisco y Alejandro Villagómez, (2003) Reforma al sistema de pensiones del
ISSSTE, Documento de Trabajo No. 258, CIDE, marzo.
González Roaro, Benjamín, (2003)
La seguridad social en el mundo, Siglo XXI Editores, México.
Grandolini, Gloria y Luis Cerda, (1998) The 1997 Pension Reform in
Mexico, Policy Research Working Paper 1933, The World Bank, junio.
Hernández
Licona, Gonzalo, (2001) Políticas para promover una ampliación de la
cobertura de los sistemas de pensiones: El caso de México, Serie
Financiamiento del Desarrollo No. 107, CEPAL, enero.
Organizaciones internacionales
No hay comentarios:
Publicar un comentario